Educación

Centrar, templar y mandar son las tres leyes del arte del toreo, que bien pudieran aplicarse a la política. Centrar, discernir lo relevante de lo accesorio, desbrozar los senderos por los que transcurre la reflexión e hilvanar los diferentes datos empíricos. Templar, diseñar las estrategias, modular el discurso para que se entienda y establecer los tiempos. Mandar, acometer de formar ordenada y democrática lo previamente elaborado. Esto sería, desde mi punto de vista, aplicar un método científico a la acción política. El ejercicio de de una columnista debe dirigirse a modestas aportaciones de algunos elementos para centrar el debate, dejando las otras dos leyes a actores y gestores políticos. Las movilizaciones realizadas para reclamar el cese de los recortes de personal en la educación pública, así como el recorte general que está sufriendo la administración educativa en todo el Estado, también en Canarias, merece una reflexión, que, lejos de consignas partidarias de mentes perezosas, nos acerque a una realidad, que, como definía Oscar Wilder, “truth is rarely pure and never simple”. El debate es más amplio que los recortes en personal; es más, yo diría que el recorte de personal es la consecuencia de no haber hecho una reflexión profunda y de acometer sus consecuencias. El debate puede colocarse en la forma de financiación de un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución. La fórmula escogida para asegurar el derecho de todo ciudadano español a ser educado está asegurada a través de un modelo mixto; es decir, a través de centros de titularidad pública y privada sostenidos con fondos públicos, aunque la financiación de la educación no es igual en todos los territorios, Madrid o Cataluña tienen el 50% de su alumnado dividido entre la pública y la concertada (en Canarias, el 18%).

Nuestro país tiene una larga tradición de educación privada, mayoritariamente dirigida por ordenes religiosas, aunque no es menos cierto que a lo largo de estos treinta y cinco años entidades civiles, cooperativas de profesorado u organizaciones empresariales se han servido de un más que ventajoso contrato por el cual las entidades públicas ofrecen suelo en condiciones muy ventajosas y el Estado les financia los gastos de profesorado. Puestas así las cosas, multitud de ayuntamientos han creado auténticos polígonos limpios dedicados a esta nueva industria, altamente rentable. Esto indica que la cuestión de la educación traspasa las fronteras de la acción partidaria para centrarse en el espacio social de la acción política. Y es que en España todo el mundo quiere ser funcionario, pero al elegir colegio muchos son los que se deciden por la concertada y no la privada. Por ello una importante parte de la ciudadanía no cree ver un problema en los recortes de la educación pública, puesto que sus hijos siguen teniendo asegurada la gratuidad de la educación, olvidando que las condiciones en las que se imparte la educación en la concertada tiene una relación directa con las condiciones de la educación en los centros públicos. No entender esto implica no estar atendiendo con rigor a lo que la realidad nos indica. Las declaraciones de la consejera de Educación de Madrid en las que dice que los recortes en profesorado van encaminados a asegurar más becas de comedor… denotan la escasa comprensión de cómo se elabora un presupuesto público; es decir, no se puede reducir una partida que asegura el derecho fundamental a la educación por una partida presupuestaria que responde a una política social. Distinguir entre gastos sociales y educativos ayuda a poner límites al debate y a limitar excesos en los conciertos.