POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS: COMPORTAMIENTOS PRIVADOS
Ya las ciencias sociales en general han estudiado cómo afecta al comportamiento de la ciudadanía la puesta en marcha de políticas públicas, incentivando o desincentivando determinados comportamientos.
La política de un solo hijo impuesta en China está generando el abandono de las niñas en instituciones sociales o su genocidio. Más cercano en nuestro entorno, la protección social a la maternidad en USA de las afroamericanas esta generando una mayor tasa de natalidad en dicho colectivo y el aumento de hogares sin padre del citado grupo social.
No sería descabellado analizar el impacto en los comportamientos individuales de los procesos de selección del profesorado puestos en marcha por nuestra administración educativa desde principios de los 90.
Es de sobra conocido que los procesos de provisión de plazas para el acceso a la función pública del personal docente no garantizan los principios de mérito, capacidad e igualdad que recoge Estatuto de la Función Pública.
Este tipo de procesos de concurso-oposición se pusieron de forma similar en todo el Estado para dos cosas:
Reducir el nivel de interinidad del profesorado y adecuar las pruebas selectivas al trabajo que se va a realizar.
Lo que parecen criterios razonables se han convertido en la práctica en un continuo desatino provocando un doble rasero en el acceso a la función pública. Por un lado, los interinos que después de años y años, sin haber contrastado sus conocimientos y capacidades han hecho de una situación puntual una forma de vida; por otro los opositores libres que asisten anonadados a un proceso en el cual se les mide no por su capacidad, sino por un complejo entramado de baremos creados ad hoc para aquellos que en su día entraron a dedo a formar parte de una bolsa de docentes.
Las ofertas públicas de empleo no han sido lo suficientemente amplias para reducir el numero de interinos, por lo que se ha creado una inercia de los sucesivas administraciones educativas en la asunción de demandas de los sindicatos que defienden la permanencia del interino en lo que ellos consideran “su puesto de trabajo”, para ello han negociado con la administración ventajosos baremos que les posibilitarían que la oposición se convirtiese en un paseo, si es que muchos de ellos se atreviesen a contrastarse.
Cuando los derechos fundamentales de igualdad, mérito y capacidad se transforman en objeto de negociación con unos sindicatos más preocupados por “y…… de lo mío que” que por el interés general de los trabajadores y del sistema educativo público y los responsables políticos se centran más en “la paz social” y el saquete de votos que en cumplir la ley, el resultado es francamente desastroso y decepcionante para la ciudadanía que vemos a los políticos que no defienden el Estado de Derecho y que observamos las violaciones y el abuso sistemático de la burocracia frente a la ciudadanía, plasmando en los incomprensibles decretos de la Conserjería de Educación para cubrir “el espectáculo obsceno de las flácidas partes pudendas”[1] de nuestra administración educativa.
Desde la asunción de Canarias de las competencias en Educación, hasta la actualidad han transcurrido 17 años, durante este periodo, La Consejería de Educación ha fomentado una mentalidad por la cual la administración debe resolver el problema laboral de los interinos, acuñando así un concepto de administración paternalista y proveedora que niega la mayoría de edad de unos ciudadanos que se han mostrado incapaces de contrastarse en una oposición sin amañar.
Unos opositores que asumen que los procesos son así y que la competencia no se mide en términos equitativos sino de meritocracia.
El momento de hacer es ahora, que se debe confeccionar la lista de interinos para el próximo curso atendiendo no a la antigüedad sino a la capacidad y competencia de los opositores.
No siempre se recuerda a los políticos por lo que hicieron sino por lo que dejaron de hacer, esperemos que éste no sea el caso.
Núria Roldán-Arrazola
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