PARLAMENTO Y CIUDADANÍA (I)

El actual debate sobre el sueldo de sus señorías responde a la demanda de ejemplaridad de aquellos que legislan los recortes económicos de sus representados.

Fuera ya de los consabidos golpes de efecto demagógico ante la proximidad electoral, un análisis más detallado debe hacernos reflexionar acerca de la aportación de los parlamentarios en la mejora y tratamiento de los temas de la Cámara; para ello debemos hacer una pequeña genealogía. Las Cortes fundacionales de 1977 deciden fortalecer a los partidos frente a los parlamentarios y establecer una notable rigidez de incompatibilidades. Estos dos elementos producen que, por un lado, sea difícil visibilizar el trabajo de sus señorías y, por otro, que la Cámara constituida por un 78% de funcionarios no sea representativa de la diversidad socioeconómica de la sociedad española.

Si por un lado los salarios que perciben sus señorías por su servicio a la ciudadanía no parece ser excesivo con respecto a nuestro entorno europeo, no es menos cierto que nos faltan elementos para enjuiciar si estos son ajustados o no puesto que desconocemos la actividad de nuestros parlamentarios.

A todos los ciudadanos nos resulta más o menos conocidas las portavocías, presidencias de comisiones o miembros de la mesa, pero los diputados que componen la Cámara son 350, de los cuales sería meritorio si conociésemos una tercera parte de los diputados de nuestra jurisdicción.

Por otro lado, el porcentaje de repetidores en la Cámara se hace más amplio con el paso de las legislaturas, así como aquellos que provienen de otro cargo de representación, léase concejal, diputado autonómico, alcalde, etcétera, y algunos de ellos compatibilizan cargos. Las preguntas a hacernos podrían ser: ¿es eficaz acumular cargos de representación?, ¿existe algo así como la carrera política?, ¿es un oficio ser diputado? En los años setenta y a comienzos de los ochenta se decía que los cargos de representación debían estar bien remunerados y bloqueados para favorecer la representación de todas las ideologías y la autonomía de sus señorías. La sociedad española ha cambiado y esos argumentos habría que revisarlos pues ahora parece que, si no eres funcionario o te haces funcionario de la política, la participación política se transforma en poco menos que imposible. Por otro lado, parece instaurada una forma de participación política que consiste en saltar de un cargo de representación a otro, dependiendo de las estrategias de los partidos y de los propios individuos, de tal forma que algunas cámaras como el Senado se convierten en la reserva de elefantes sin claro contenido y con mucho tiempo de ocio para sus señorías.

Trasladar este debate a las cámaras autonómicas es una cuestión de tiempo y por ende una forma de poner en cuestión la arquitectura misma del Estado. El debate no ha hecho más que comenzar; está en la calle, en las peluquerías y en los cafés y, aunque no sea un buen momento, no es menos cierto que es el momento. Decir que hay que hacer pero no hacer es uno de los elementos que más afectan a la credibilidad de las personas y por ende a la democracia. Definir la política como la actividad que todos podamos ejercer, no significa que no se escoja a los mejores para ejercerla. Escoger a los más ejemplares, a los más idóneos, no resta eficiencia sino que engrandece la democracia misma

http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/6394/

Nuria Roldán