EMPLEADAS DE HOGAR

 

 El 30 junio expira el plazo para la incorporación de las empleadas de hogar al Régimen General de la Seguridad Social. Lo que había sido una reivindicación de las asociaciones de mujeres se hizo realidad con la proclamación de la Ley 27/2011.

Hasta el momento, los llamamientos realizados por la Administración para la regulación de las empleadas están obteniendo una escasa respuesta. Las campañas informativas lanzadas por las centrales sindicales han comenzado tarde y con una incidencia escasa. Se calcula que el 90% de las empleadas de hogar que tienen un solo empleador se trasladarán en el 90% a la nueva normativa; no obstante, el grueso de las empleadas de hogar comparten empleadores y con el nuevo sistema aumenta la cuota a pagar a la Seguridad Social, no sólo por parte del empleador sino también de la empleada, por lo que el riesgo de quedar al margen del sistema es muy importante.

La EPA cuantifica el número de mujeres que trabajan en el espacio doméstico en torno a 700.000, de ellas, más de la mitad, 400.000, se encuentran fuera de toda legalidad.

Tanto las nacionales como las extranjeras, tienen un grado importante de desprotección, aunque en el caso de estas últimas su vulnerabilidad aumenta porque se exige un número de años de cotización a la Seguridad Social para su permanencia en el país.

Una vez más la realidad se nos revela más compleja que lo que los modelos matemático-económicos parecen mostrar. Llevamos años trabajando en el refuerzo de una economía propia para las mujeres que las haga independientes de situaciones del núcleo familiar que las encasilla en una permanente dependencia de hijos, maridos, hermanos, etcétera.

Aunque parece evidente que seguimos anclados en un enorme círculo del que es difícil salir. Un binomio social que es difícil de esclarecer: la escasa relevancia del trabajo que se realiza al interior del hogar y la propia posición de la mujer al interno de las unidades familiares, que las disuaden de un trabajo normalizado y mercantilizado a favor de pequeñas prebendas sociales que es de difícil previsión qué pasará con ellas y que, en cualquier caso, las condena a la marginalidad y a la pobreza en su vejez.

No dudo de la buena voluntad de legisladores, aunque sí dudo de que la aplicación de la medida produzca el efecto contrario al perseguido. No obstante, no suele ser habitual que una sola medida resuelva problemas sociales de hondas raíces, aunque sí hay que reconocer que las políticas públicas modelan pautas sociales, por lo que habrá que ver cómo se aplican los apartados que la propia ley prevé para cuando, transcurridos los plazos, se haga un balance de la situación y se tengan que implantar medidas complementarias. Intentar meter la realidad en una cuadrícula suele romper la cuadrícula.

Ahora debemos evaluar cómo la cuadrícula no transforma la realidad a peor, en un momento de recesión en el que los comportamientos de los agentes sociales están en la dirección contraria a la que inspira la ley.

Nuria Roldán-Arrazola