DE LISTAS Y ...

Con el mes de abril llega la primavera y también los anuncios de suspensión de oposiciones y de las nuevas listas de funcionarios interinos en la administración educativa. Ambos hechos están relacionados entre sí, aunque responden a criterios contrarios. Si bien es cierto que las nuevas listas vienen a paliar un déficit democrático que ya ha sido regulado en el resto del Estado desde hace años, no es menos cierto que la flexibilidad de los criterios para la citada regulación y la inexplicable negociación de la administración educativa con los sindicatos del desarrollo de esos criterios pueden hacer sospechar de la eficiencia de aplicación del principio rector de nuestra convivencia democrática de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública; es decir, podemos estar asistiendo al cambio para que nada cambie. La postura de los sindicatos denunciando el decreto y cualquier mínima modificación en el status quo de las listas de interinos indica, una vez más, el discutible comportamiento democrático de los sindicatos, que, lejos de realizar una defensa de la igualdad de todos ante la ley, defienden el estamento de aquellos que pagan su cuota. Por otro lado, hay una administración educativa que a lo largo de los últimos 19 años ha venido haciendo oídos sordos a la vulneración de derechos fundamentales básicos amparándose en la negociación sindical, como si las negociaciones en democracia pudiesen hacerse al margen del interés colectivo y del riguroso cumplimiento de los derechos individuales. La deriva socialdemócrata de nuestro Estado del bienestar ha elevado a los colectivos a rango de estamento. La única posibilidad de relacionarse con el Estado es hacerlo a través de un colectivo, el colectivo de interinos, el colectivo de aprobados sin plaza, el colectivo de padres de hijos inmigrantes, etc. Tanto hemos abusado de los colectivos que nos hemos dejado al individuo por el camino. El ciudadano se encuentra completamente desasistido para la defensa de sus derechos, mientras que la administración se reúne con colectivos dejando sin atender a los ciudadanos a través de una maravillosa fórmula: el silencio administrativo. El silencio administrativo es la materialización del abuso de una administración frente al ciudadano, que es la razón misma de su existencia. La aplicación del nuevo decreto es la culminación de todo un proceso racionalizador de la exigencia de mayores niveles de profesionalidad de los docentes, que comprende los nuevos requisitos de titulaciones y los nuevos modelos de oposición. Todo ello ha sido negociado con los sindicatos y a todo ello se oponen una vez aprobados. El anuncio de cancelación de oposiciones en primaria que llega a la opinión pública a través de un comunicado sindical, y no de la titular de Educación, con el consabido latiguillo del "efecto llamada"; no puede dejar de provocar una reflexión al observador de las realidades que se viven en los centros educativos, de incertidumbre y preocupación ante un recorte presupuestario. Con este panorama se hace inexplicable que los sindicatos reclamen la suspensión de las oposiciones, con ello sólo manifiestan su postura de defensa del status quo para ralentizar lo más posible los sistemas de trasparencia y racionalización fundados en el esfuerzo individual, más que en la pertenencia al colectivo. Con esto los sindicatos se debilitan porque, entre otras cosas, no han entendido que no son parte del Estado, sino sociedad civil. Lo lamentable es que tampoco lo han entendido los partidos que abandonan al ciudadano a su suerte.

Nuria Roldán